Indígenas, el gobierno viola nuestro derecho a la vida a nombre del desarrollo
Las poblaciones que se verán afectadas por los proyectos extractivistas y de grandes infraestructuras como las represas se han organizado para resistir, desde un solo frente, esos proyectos. Consideran que el gobierno a violado sistemáticamente su derechos a la consulta previa e informada, su derecho a la información, a vivir en un ambiente sano, entre otros.
Miriam Telma Jemio
Incertidumbre. Frustración. Discriminación. Chantaje y hasta humillación. Son algunos de los sentimientos que han aflorado en los indígenas que han decidido hacerle frente al gobierno para que no instale proyectos que amenazan a su forma y medios de vida en sus comunidades. Afirman que varios de sus derechos humanos han sido violados, pero principalmente sus derechos a la vida como lo denunció Herlan Domínguez, quien representa a los defensores de la vida Amazónica.
“Nuestro derecho a la vida está siendo violado con estos proyectos”, manifestó Domínguez en referencia a los proyectos que encara el gobierno boliviano en la Amazonía con las represas Chepete – El Bala, Rositas, Cachuela Esperanza y Riberao.
Acotó que además se está violando toda la Constitución, la Ley de la Madre Tierra y la Ley de Agua”. “Todas las leyes que este gobierno promulgó. Ha violado todos nuestros derechos. Por ejemplo los pueblos tenemos derechos a que nuestros territorios sean reconocidos, pero no está respetando este gobierno. Lo que dice que es democrático, socialista, indígena, campesino es totalmente falso, en la práctica vemos que este gobierno es totalmente contrario a lo que él dice”, interpeló Domínguez.
El Comité Binacional Defensores de la Vida Amazónica en la cuenca del Río Madera: Bolivia- Brasil que lidera Domínguez, no es la única organización que se crea para defender los territorios y forma de vida. En 2016, se reactivó la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey asechadas por la construcción de las represas Chepete y El Bala iniciaron su batalla para que no se ejecute el proyecto que los desplazaría de la región.
La última en crearse, en diciembre pasado, fue la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) para hacer un solo frente a los proyectos extractivistas y grandes obras de infraestructura que encara el gobierno en 12 territorios en diferentes partes del país.
En la Contiocap se han aglutinado indígenas y campesinos de Tariquía, Aguaragüe, Tipnis, Madidi, Pilón Lajas, la nación Qhara Qhara, Cachuela Esperanza, Yumao, Tatarenda que tienen que ver con proyectos hidrocarburíferos, mineros, hidroeléctricos y sobre todo con la demanda de titulación de sus territorios.
La Coordinadora nació tras el primer congreso de integración y defensa de territorios y áreas protegidas con el fin de defender gestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y de la madre naturaleza ante las instancias competentes, según el documento de su creación.
Los derechos violados
Estas poblaciones, en diversos encuentros públicos y privados (foros, seminarios, congresos), han denunciado una serie de violaciones a sus derechos que comete el gobierno con proyectos que son ejecutados a nombre del “desarrollo” que tienen que ver principalmente con proyectos de minería, hidrocarburos, mega infraestructuras como las hidroeléctricas y carreteras.
Aseguran que, fuera de su derecho a la vida, se violó su derecho a ser consultados como manda la Constitución en su artículo 30 y las normas internacionales como la Convención 169 de la OIT, pero también sus derecho a la información.
Los indígenas mencionan que los proyectos ejecutados y actuales se enmarcan en modelos de desarrollo netamente extractivas relacionados, principalmente, con minería, hidrocarburos, mega infraestructuras como las grandes represas, agroindustriales y madereros. Hay una sobreposición de los territorios indígenas con las concesiones que el Estado otorga, principalmente, para las operaciones mineras e hidrocarburíferas.
Estas actividades violan sus derechos porque invaden sus territorios ancestrales, incluso áreas protegidas, sin que se realice consulta previa e informada como manda la Constitución Política del Estado y las normas internacionales.
Además, denuncian que fuera de que los proyectos extractivos amenazan sus territorios y violan los derechos humanos, sus tierras no han sido tituladas.
En mayo, los pueblos amazónicos afectados por las grandes represas se reunieron en la ciudad de La Paz, tras el evento ratificaron su rechazo a las mimas porque las consecuencias que acarrea la construcción de represas, entre las principales, mencionaron que provocan el desplazamiento de la población, los problemas ambientales, las inundaciones y la pérdida de territorio.
Domínguez se refiere a los proyectos hidroeléctricas que generarán energía para la exportación a países vecinos, según el plan del gobierno que busca convertir a Bolivia en el centro energético de la región. Entre las principales están los proyectos hidroeléctricos Chepete – El Bala (en La Paz y Beni), Rositas en Santa Cruz, Cachuela Esperanza en el Beni y Riberao que estará en territorio boliviano y brasileño., una binacional de
Los indígenas guaraníes de Santa Cruz que viven en las comunidades Yumao y Tatarenda actualmente viven situación similar a la de la Mancomunidad de Comunidades. El proyecto hidroeléctrico Rositas que será emplazado principalmente en la cuenca del río Grande contempla la inundación de un área que alcanzará a 22 comunidades que se dedican a la ganadería, a producción agrícola, solo dos son indígenas
El factor común que movilizó a estas poblaciones es la incertidumbre porque no saben con certeza cómo esos proyectos afectarán sus vidas. Una de sus mayores frustraciones es que su demanda de información, garantizada por la Constitución Política del Estado, no fue atendida.
Pero no son los únicos. Los indígenas del área protegida, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), llevan más años enfrentándose al gobierno para que no construya por el interior de su territorio una carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, regiones en la que se encuentra esa área protegida nacional.
La indígena del Tipnis y actual vicepresidenta del Tipnis, Cecilia Moyuviri, señala que el gobierno violó los derechos de los indígenas a la vida, a vivir en un ambiente sano y a la consulta previa e informada. “No nos hemos inventado todo eso, así lo ha comprobado el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que ha confirmado que el gobierno ha violado los derechos de la naturaleza y de nosotros los indígenas que vivimos en el Tipnis”, manifestó en concordancia con la sentencia que emitió ese tribunal internacional en mayo pasado.
Otro factor común que identifican los comunidades es que el gobierno logró dividir a todas las regiones, tal es así que hay representantes que son afines al gobierno que han aceptado los proyectos y representantes ahora aglutinados en la Contiacop que continúan con su resistencia.
Domínguez por ejemplo lamenta que en el caso del proyecto en el Chepete estén dividiendo a las comunidades como también se ha hecho a nivel nacional. Se refiere a que existe una dirigencia indígena paralela en la CIDOB, en el CONAMAQ.
“Han afectado nuestro derecho a la vida y al territorio, pero esa división pasará con la renovación de la dirigencia porque los que estamos afectados somos las bases, el pueblo, no los dirigentes. Como indígenas hemos propiciado los cambios, somos los indígenas que hemos plantoneadod. Estamos debilitados pero nos vamos a fortalecer. No a las represas en la cuenca de la Amazonía, sí a la vida”, manifestó Domínguez.
El gobierno ha logrado firmar convenios con la dirigencia de los indígenas de la Mancomunidad de Comunidades (hidroelléctrica Chepete – El Bala) representados por la Cepilap y con la APG de los indígenas de Yumao y Tatarenda (hidroeléctrica Rositas). De esa manera, ha cuestionado el acciones de los esas comunidades y los ha descalificado como interlocutores válidos.
“Por solo existir ya tienes un valor, tienes derechos, pero el gobierno viene y te chantajea, te descalifica, te discrimina, te incrimina”, dice indígena uchupiamona Ruth Alipaz, una de las mujeres que lidera la defensa de las comunidades que se verán afectadas por las obras del proyecto hidroeléctrico Chepete – El Bala.
“Aquellos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, se no está negando como pueblos indígenas pero también como personas individuales”, dice Alex Villca, indígena uchupiamona que lidera el Contiocap.
“No sabemos nada, no nos dicen nada. No sabemos a dónde nos van a llevar”, dice Valentín Luna, habitante de la comunidad San Miguel del Bala, ubicado el Parque Nacional Madidi, al norte del departamento de La Paz. Denunció que el gobierno los chantajea para que aprueben el proyecto que va a inundar sus territorios. “Vivimos en constante incertidumbre, presión y acoso”, dijo.
En esa misma situación se encuentran los indígenas guaraníes de la comunidad de Tatarenda, pero además las 500 familias que viven en las poblaciones que serán afectadas por la inundación que requiere la represa de la hidroeléctrica Rositas.
“Se constituye la Coordinadora, comités locales y regionales de las áreas protegidas y la Madre Tierra para defender gestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y de la madre naturaleza ante las instancias competentes” (Diciembre, 2018)
La defensa de los derechos
La indígena uchupiamona Ruth Alipaz, de la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Quiquibey y Tuichi (Bolivia), reclamó nuevamente el que el gobierno no haya realizado la consulta previa, libre informada a los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas donde avanzas los estudios para la construcción de las hidroeléctricas Chepete y El Bala.
Afirma que inicialmente solicitaron la información localmente, es decir a la empresa que realizaba los estudios pero les dijeron que era el gobierno el responsables de dar la información, por lo que acudieron a la Empresa Nacional de Energía (ENDE). “Ahí nos dijeron que no éramos representantes válidos para pedir esa información. Si la Constitución dice que cualquier persona puede pedir información”, recuerda Alipaz.
La información sobre el proyecto hidroeléctrico Chepete El Bala, la conocieron a través del senador Núñez y la Fundación Solón, un documento que fue hecho público luego sobre el estudio a diseño final elaborado por la empresa Geodata. El cual hasta la fecha no ha sido validado por el gobierno que decidió ampliar los estudios.
“El 2017 deberían concluir con los estudios. Ya estamos en 2019. El gobierno está herméticamente cerrado a dar acceso (a esa información). Hemos hecho una segunda solicitud de información y la respuesta es: vamos a dar informe cuando lo tengamos, vamos a dar informe cuando lo tengamos, es decir cero respuesta a las preguntas que se han formulado. Estamos a 2019 y no hay respuestas”, lamentó la indígena uchupiamona, que en los últimos se ha vuelto protagonista de la resistencia.
Alipaz siente que el tenerlos en la incertidumbre es la peor de las violencias, porque no saben qué está pasando ni cómo están avanzando. Alipaz denuncia que el gobierno la descalifica, la discrimina y la incrimina con tal de no darle información. Alerta que si algo sucede con su vida “el gobierno será responsable”.
La abogada y especialista en derechos humanos, Mónica Baya, remarca que en materia de derechos humanos “no existe la posibilidad de condicionar el reconocimiento de nuestros derechos a ninguna circunstancia”.
En tanto, el ahora líder de la Contiacap, el indígena uchupiamona Álex Villca, cuenta que la Mancomunidad de Mancomunidades hizo todos los esfuerzos para que el gobierno transparente esta información. Recuerda que incluso en alianza con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) solicitaron la información y no obtuvieron ninguna respuesta a su solicitud.
“Hay una violación sistemática a nuestros derechos como pueblos indígenas, pero también como personas individuales. Son numerosas las violaciones que estamos sufriendo. Hay derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado que no se respetan en el país”, lamentó.
Audio. Villca
Villca como otros líderes visibles de las comunidades que se oponen a la hidroeléctrica, dice sentir “mucha impotencia, indignación. Tenemos supuestamente un gobierno que dice ser indígena, y se embanderó de defensa de madre Tierra, y tener altas autoridades que generen este tipo de acusaciones es humillante para el conjunto de los indígenas. No se puede decir que los indígenas que se preparan pierden esa condición”.
“En este tiempo los indígenas deberíamos tener mayores opciones de tomar decisiones de aprendizajes, pero contrariamente se emiten opinión de desprestigio, discriminatorias. En mi caso se solicitó un informe de petición escrita para que diga porque dio eso. La autoridad se negó que haya dicho eso, a pesar de que hay audio y videos”.
Las instancias legales
En el caso de la Mancomunidad de Mancomunidades más allá de las vigilias y las interpelaciones a las autoridades de ENDE en algunos encuentros dentro sus comunidades, su reclamo no llegó a instancias legales. Villca señala que en ninguna de sus asambleas tomaron esa decisión.
La única instancia internacional a la que acudieron fue al Foro de Indígenas celebrado en 2018 en Estados Unidos, donde denunciaron al gobierno por violar sus derechos.
Los indígenas del TIPNIS si tienen una denuncia en el CIDH y también acudieron al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en 2017 en Bonn, cuya sentencia se conoció el pasado 14 de mayo, la cual sentenció al gobierno de Evo Morales por violar los derechos de la TIPNIS: TRIBUNAL INTERNACIONAL CONDENA A BOLIVIA POR VIOLAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DE LOS INDÍGENAS
En cambio, los indígenas guaraníes de Yumao realizaron una acción popular que en primera instancia fue admitida en Cochabamba, pero tras varios instancias, fue rechazada, porque Ende argumentó que no hay materia sobe la cual juzgar porque no se está realizando ninguna obra, aunque el proyecto está en plena ejecución, en la etapa de socialización.
“En determinaciones de reuniones y asambleas, en diferentes momentos se ha determino realizar una acción de inconstitucionalidad, una acción popular para demandar a este gobierno por las violaciones, pero no logramos activar ninguna medida, hemos estamos viendo otras posibilidades que tienen que ver con la justicia indígena originaria”, explicó Villca.
La nación indígena Qhara Qhara tiene una demanda interpuesta ante la CIDH, tras agotar la vía interna en Bolivia.
“Es necesario agotar las vías internas. No tenemos avance en este tema es por el desconocimiento de quienes estamos en el directorio de contar con personas que conozcan de estas temáticas que nos puedan asesorar, siendo que muchos hay profesionales que no quieren enfrentarse al gobierno. Nos han rechazado, han desistido. Pero estamos trabajando en eso.
Pero han acudido a la 17 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, realizado en abril de 2018 en Nueva York para denunciar al gobierno de Evo Morales y también sostuvieron una reunión bilateral con la Relatora Especial de las Naciones Unidas para Pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a quien entregó documentación, precisó Alipaz, sobre las violaciones a los derechos de los indígenas de Bolivia.
En el caso de Rositas, en marzo de 2018, las comunidades guaraníes de Yumao y Tatarenda Nuevo interpusieron una acción popular para frenar la ejecución de la hidroeléctrica Rositas denunciando la falta de una consulta previa, libre e informada, lograron que un juzgado en Materia Familiar de Cochabamba admitiera su acción popular y ordenará —cautelarmente— a ENDE la suspensión de toda actividad administrativa o jurídica del proyecto hasta que se realice la audiencia. En en menos de nueve días, el caso pasó por tres tribunales quedando en el municipio de Lagunillas (Santa Cruz) que finalmente rechazó la medida cautelar. El argumento de ENDE de que solo está socializando el proyecto y no ejecutando ninguna obra y que por tanto no había nada que precautelar fue determinante para la decisión.
Mientras tanto, la Mancomunidad de Comunidades llevan cuatro años exigiendo información al gobierno sobre la situación en la que quedarán sus territorios. “No sabemos nada. No nos dicen a dónde nos llevarán. Ya no hay tierras como la que tenemos en nuestros territorios», lamenta Valentín Luna, presidente de la Mancomunidad que aglutina a las 17 comunidades que serán afectadas.
ENDE a conseguido una acuerdo con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap), que es la organización con la que acepta conversar, para que las comunidades permitan que la empresa continue con los estudios. El presidente de la Cepilap, Johnson Jiménez Cobo, asegura que ese convenio no da vía libre a la ejecución del proyecto.
Los desafíos
Amnistía Internacional, en junio pasado, publicó su informe «Bolivia: Hostilidad contra personas defensoras de derechos humanos» que fue preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia, al que se someterá ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en noviembre próximo.
En tanto, la sociedad civil organizada presentó cinco informes sobre la violación de Derechos Humano de pueblos indígenas por efecto de proyectos grandes de infraestructura y actividades extractivistas, con miras al Examen Periódico Universal (EPU) al que se someterá el Estado boliviano, en noviembre próximo. Dos informes evidencian la violación de DDHH de acceso al agua y a la alimentación adecuada por actividades extractivistas y se presenta pruebas sobre la violación de la consulta a los pueblos indígenas en actividades extractivas y construcción de grandes infraestructuras.