El drama del hacinamiento y la ausencia de derechos en la cárcel de Montero

Por: Roger Montecinos Pérez, Israel Quino Romero, Miroslava Portela Maydana

‘‘Compartimos la carceleta con más de 300 hombres, llegamos a 40 mujeres’’, así nos cuenta Renata (nombre ficticio). Ella está detenida por estafa y puntualiza que acepta la entrevista porque tiene la esperanza de que las condiciones de hacinamiento que viven las y los privados de libertad mejoren. Sentada en su cama, con un nudo en la garganta, relata que tienen muchas incomodidades: viven entre humedad e infecciones. En las noches no existe el silencio, los ruidos de ratas e insectos se entremezclan con los llantos de las niñas y niños.

La carceleta de Montero del departamento de Santa Cruz es mixta. Está situada a 50 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue diseñada para 100 personas, pero hoy son 400 privados de libertad los que la habitan: el 85% son varones, el 15% restante mujeres.

La tarde se torna incómoda. El calor, lo insalubre y la humedad suman al desastre que se observa en el lugar. Entre las paredes angostas, se puede escuchar que esta carceleta es una bomba de tiempo. El 400% de hacinamiento que tiene refleja un micro sistema carcelario fracasado, donde los más vulnerables serán olvidados por la familia, en especial las mujeres con hijos.

Son tres celdas pequeñas para las mujeres privadas de libertad. Cada una de 3×4 metros y un baño pequeño.  No tienen barrotes. En el interior se pueden ver camas de dos pisos, una a lado de otra, en algunos casos de tres pisos. Cunas, ollas y juguetes en el piso incomodan el paso.

Lo único que divide al territorio entre hombres y mujeres son el mercadito y las reglas internas de los reos. ‘’Los varones no pueden pasar la línea del mercadito’’, cuenta Roberto (nombre ficticio), un interno que cumple una condena de 20 años por violación. El mercadito es el lugar donde se apostan las mujeres para cocinar y vender golosinas a los privados de libertad: son tres espacios pequeños de 2×2, unidos entre sí, donde trabajan todo el día.

Las celdas de los varones no son diferentes, las dimensiones son de 4×5 metros, ahí duermen de 40 a 70 personas. Una de las más impactante es la celda 7. Es la más pequeña: tiene un tamaño de 2×5 metros. Ahí están encerrados 35 privados de libertad. Cuentan que para dormir implementan la postura de la moto: una especie de fila, en la que están sentados uno atrás del otro. Hay cinco hamacas amarradas entre sí, en ellas duermen dos personas. En la misma celda, en una de las esquinas, hay un urinario.

‘‘Queremos vivir como seres humanos. Por favor, que esta visita no sea un saludo a la bandera o una visita más’’, dice uno de los privados de libertad e insta a las autoridades, entre ellos a los representantes del Ministerio de Justicia de Bolivia.

La crisis del sistema penitenciario tiene rostro de mujer

Los datos de las mujeres privadas de libertad son llamativos en nuestro país: el 76% de la población femenina en las cárceles se encuentra con detención preventiva y solo un 24% tiene condena. El 56% se encuentra recluida por narcotráfico, 14% por delitos contra la vida, 10% por estafa y defraudación, y 10% por delitos contra la propiedad. El abandono de las parejas es una condición común en las cárceles de nuestro país, cuando ingresa una madre a un centro penitenciario existe la fractura del vínculo familiar, así nos cuentan las internas de este recinto.

‘‘Vivimos en un Estado patriarcal pese a los avances normativos, de los 61 recintos penitenciarios que hay actualmente en Bolivia, solamente cuatro han sido construidos para albergar exclusivamente a mujeres’’, afirma Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir

Para Naciones Unidas, las reglas mínimas para el tratamiento de las y los reclusos se aplican a todos sin discriminación, por lo que en su aplicación se deben tener en cuenta las necesidades y las situaciones concretas de todas las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres.

Sin embargo, en esas reglas aprobadas hace más de 50 años no se hacía suficiente hincapié en las necesidades especiales de las mujeres. Al haber aumentado la población penal femenina en todo el mundo, ha adquirido importancia y urgencia la necesidad de aportar más claridad a las consideraciones que deben aplicarse al tratamiento de las reclusas.

Promesas, pedidos y discursos

‘‘Compañeros, compañeras, no perdamos la fe. Nuestro cuerpo está encerrado, pero nuestro espíritu tiene que seguir siendo libre’’, expresa Carlos Vigo, coordinador de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Montero, en un improvisado acto de promesas y discursos de autoridades del Estado. La gran mayoría de los reclusos escuchan con atención, pero incrédulos por las palabras de las autoridades del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo que prometen solucionar el problema del hacinamiento.

Mientras la elocuencia habla sobre los derechos humanos de los privados de libertad, en las rejas de las celdas se escuchan murmullos y también gritos y clamores de inocencia y justicia. Un centro penitenciario es un lugar difícil, pero en Montero las cosas se complican, los programas y proyectos de reinserción social son nulas. El espacio y la infraestructura es limitada, la convivencia entre los internos se torna insoportable.

Miradas oscurecidas, voces que quieren ser escuchadas. ‘‘En el recreo salimos durante dos horas, el resto del día nos quedamos los 56 reos encerrados, sofocados, con mucho calor. Dormimos muchos en el piso’’. Son las palabras de Gerardo (nombre ficticio), privado de libertad por el delito de homicidio.

Sistema penitenciario en Bolivia

‘‘Dicen que la cárcel es una escuela del delito, tenemos que cambiar eso. No se dejen vencer por el delito que está metido en nuestra mente’’, expresa Vigo. El último informe de la Defensoría del Pueblo afirma que en los centros penitenciarios del país existen 18.895 privados de libertad; casi todos viven en condiciones de hacinamiento.

Cuando se recorren los diferentes centros penitenciarios de Bolivia, se puede verificar que el Estado no protege los derechos humanos de las y los privados de libertad, Estos sufren sus condenas, pero además se les limita derechos fundamentales para vivir dignamente, lo cual es un derecho. La población carcelaria paga su propia agua, viven en hacinamiento extremo, sin mencionar que el 70% de los reos están en situación de detención preventiva; es decir sin sentencia. No existen políticas reales para la reinserción social y la infraestructura de los recintos penitenciarios, en muchos casos, es calamitosa. ‘‘Esto es una bomba de tiempo’’, repiten los privados de libertad.