Corrupción y quebrantamiento de los derechos humanos en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

La corrupción es un delito que afecta los derechos humanos de orden civil, político, económico, social y cultural. Una realidad que se vive día a día en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)  

La cafetería The Best funciona en el sótano de la galería Quinto Centenario a solo una cuadra del Monoblock; uno de los tantos edificios que aloja oficinas y aulas de la Universidad Mayor de San Andrés. En una de las mesas del rincón más discreto y alejado, un chico, una muchacha y un hombre de más de treinta años charlan al calor de unos cigarrillos. Hace mucho que sus tazas de café de diez pesos se han vaciado. Todos están matriculados en la UMSA, el centro de estudios superiores más popular de la ciudad de La Paz dado su carácter público y prácticamente gratuito. El tema que los convoca son las próximas elecciones para director de carrera. Omitiré la identidad de esta última. Estoy con ellos de colada y no quiero que desconfíen de mí más de la cuenta. Les concederé la discreción que el mayor de los tres me ha solicitado. Ya es suficiente que volteen cada cierto tiempo para verificar que nadie les toma fotografías. La paranoia está al orden del día.  

El chico es guardia de seguridad en un pub y la segunda cabeza del centro de estudiantes de la carrera en conflicto. La muchacha, de no más de 20 años, es la líder, aunque no dice mucho. Se limita a reír y asentir. Y el tipo de unos 34 años, calculo, egresó de la universidad hace más de un lustro; su tesis –afirma– está truncada a causa de los rencores políticos de los que fueron sus docentes. También aseguró que había publicado un par de artículos auspiciados nada menos que por la Harvard University. Los busqué en Google, pero no encontré ni siquiera una cuenta de Facebook. 

–Toma –el de las publicaciones invisibles le pasa 20 bolivianos a su, digámosle, amigo.

–Perfecto. Mañana temprano los coloco.

–Ya sabes… No te hagas ver.

El dinero es para comprar cinta adhesiva e imprimir afiches. Empieza la guerra sucia contra el candidato que no debe ganar porque –me aseguran– es un corrupto que compró su tesis y quiere apoderarse de los laboratorios que fundaron otros licenciados. Su rival, en cambio, es una correcta madre de familia que merece su apoyo. Eso sí, nada es completamente gratis, y los favores serán cobrados a la hora de repartir los puestos de docencia en la carrera. “Artículos en Harvard” quiere impartir clases, son pocas horas y mucho dinero según él. Tiene la firme convicción de que la política universitaria lo llevará al éxito y, de cierta forma, su pasión por los intríngulis del Estado dentro del Estado –que resulta ser la universidad– me impresiona. Parece estar totalmente convencido de ser un paladín de la justicia universitaria y de que todo lo que hace es en pro de lo correcto. ¿Está montando un espectáculo para ponerme de su lado? ¿O está siendo sincero? En este punto me cuesta decidir cuál opción es la peor.  

La corrupción implica la “compra” de la decisiones administrativas y políticas a cambio de dinero o una serie de favores que rompen la legalidad establecida. Se trata, por ende, de una suerte de abuso de poder que beneficia a una minoría en detrimento de la colectividad en general y que empobrece la democracia al mermar su integridad.

De acuerdo a la ONU (Organización de Naciones Unidas), las instituciones internacionales dedicadas a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos están cada vez más interesadas en las consecuencias negativas de la corrupción. Esta práctica pone en riesgo la calidad y el disfrute igualitario de los beneficios que los derechos humanos aportan a la calidad de vida de los miembros de una sociedad: restringe el espacio democrático (evita la participación universal en las instancias de decisión), pone en peligro la libertad de expresión (por ejemplo, mediante amenazas o difamación a cualquier persona u organismo opositor), acaba con el acceso equitativo y justo al trabajo y las posibilidades de estudio, obstaculiza el derecho a la información, impide la libre asociación y reunión, y se opone a la rendición de cuentas de funcionarios públicos en virtud de precautelar el bien común.

Resulta evidente que una defensa adecuada de los derechos humanos cierra las puertas a la corrupción que, de otra forma, se desenvuelve impunemente. Por ende, en los últimos años organismos tales como el Consejo de Derechos Humanos y los Relatores Especiales de la ONU, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han abordado el vínculo entre la afectación de estos últimos y el aumento de los hechos de corrupción. Comprender esta realidad permitiría concientizar a la población y las autoridades sobre los efectos negativos de las prácticas corruptas, posibilitando acciones que reduzcan este panorama. 

En el caso de instituciones como la Universidad Mayor de San Andrés, la corrupción socava la legitimidad y el funcionamiento de su organización interna, poniendo en peligro el cumplimiento de sus obligaciones para con su cuerpo docente y estudiantil. La normativa vigente y los procesos regulados por esta última pierden credibilidad al manipularse con el propósito de favorecer a unos pocos. En este contexto, resulta imposible una repartición justa de los recursos de la universidad para cumplir los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de expresión de su cuerpo docente-estudiantil. Es más, los actos de corrupción fomentan la desigualdad y la discriminación, e incluso ponen en peligro la integridad física de los involucrados. Asimismo, la democracia defendida en las aulas universitarias pierde efectividad al quedar reducida al mero clientelismo.    

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–¿Cómo te animaste a cursar estudios superiores?

–Cuando estaba en colegio siempre tuve la intención de formarme más porque no pensaba que había otras opciones como dedicarme a la parte laboral y quería estudiar.

–¿Y cuál fue tu primer contacto con los grupos de poder y de liderazgo de la U?

–Cuando estábamos en primer año yo y varios compañeros nos postulamos para el centro de estudiantes de la carrera, pero perdimos con el grupo de cuarto año. 

Me encuentro sentada compartiendo un café con un amigo, al que llamaré Leo, y que fue líder universitario durante bastantes años hasta que defendió su tesis hace poco menos de un año.

–Tuve que cortar mis estudios porque pedían muchos requisitos –me informa antes de darle un sorbo a su taza–. Uno de ellos era el título de bachiller. Yo no lo tenía porque me formé en un colegio particular y no podía pagar las pensiones.

Leo me cuenta que la única solución que encontró a sus problemas económicos y académicos fue la de abandonar La Paz e ir a Tarija, donde trabajó con unos parientes hasta reunir el dinero suficiente para pagar su colegio y el título de bachiller. Trámite que le tomó dos años; solo entonces pudo retomar el cuarto año de la carrera que cursaba.  

–Qué mala suerte…

–Ese fue el momento en que me dio un poco de rabia la universidad. Uno la está peleando duro y un administrativo te dice “no, no tienes un documento y te vas”. Y en la realidad hay gente con títulos ilegales que se salen con la suya o compañeros que tienen la suerte de tener un contacto que les da la mano. Eso me hizo renegar mucho y entonces pensé que algo hay que cambiar, sobre todo para las personas que entramos con esfuerzo en la universidad. Gente que está para estudiar y no pasar el tiempo aunque hay carencias. A veces entre 5 o 6 compañeros compartíamos una galleta porque no había más. Era muy rudo.

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La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se fundó en la ciudad de La Paz el 30 de octubre de 1830 durante el gobierno del carismático líder de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Andrés de Santa Cruz, cuya frase: “Cuanto mejor es la cultura de un pueblo, menores son las posibilidades de que se le prive de libertad”, aparece a veces en afiches y placas en los predios universitarios a manera de lema y legado moral (la educación es liberadora).   

Uno de los hechos más importantes en los anales de San Andrés fue la institucionalización de una plena autonomía del gobierno central, gracias a dos decretos supremos redactados por el propio rector, don Luis Ormachea Zalles, en 1936 durante el gobierno del presidente José David Toro. Desde entonces la universidad defendería a capa y espada esta independencia de los vaivenes políticos del Estado, junto con el derecho de administrar su presupuesto sin intervenciones de ninguna clase.

Ormachea también obtendría –en un movimiento que podría calificarse como la primera gran ocupación de predios de la universidad– el inmueble del antiguo Colegio Militar, por el que no se pagó un solo séptimo y donde se levantó el edificio del Monoblock en 1947. Un emblema del sistema universitario que aloja. Bajo su sombra, Leo y sus amigos compartían las galletas del día mientras hacían hora para sus clases o alguna otra actividad.

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–Como habían pasado dos años yo no conocía a nadie. Entonces me junté con un grupo de chicos muy estudiosos, además de un compañero que ahora es docente y con quien pensamos hacer un frente. Y como necesitábamos gente para esto, nos acercamos a los amigos aplicados, pero nos dimos cuenta de que no conseguiríamos mucho si íbamos por la parte académica. Así que también nos hemos ido a juntar con un grupo que hacía más joda en la carrera y que era muy popular. 

–¿Por qué no es bueno centrarse en lo académico para ganar elecciones?       

–Porque… en la primera experiencia que tuve en la política, lo del centro en primer año,  planteamos muchas cosas académicas… ya… y hemos perdido. Mientras que con esto otro propusimos cosas más integrales como fiestas, seminarios gratis, exigencias de nivel a los docentes y actividades reivindicativas de los estudiantes.

Leo explica que su interés y el de su frente, que finalmente ganó las elecciones de centro de estudiantes, era luchar contra la corrupción y el trato diferente a los estudiantes que no contaban con “muñeca” en la administración de la universidad. Resultaba preciso intervenir en aquello que se la escapaba a las autoridades de la UMSA, sin favoritismos por color o apellido. Además, era importante apoyar a los compañeros en mala situación económica, facilitándoles el acceso a libros en la biblioteca y a computadoras para hacer sus tareas. No faltaban los profesores que no entendían la imposibilidad de algunos para comprar un ordenador propio.     

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En las décadas posteriores a la formalización de su autonomía, la UMSA asumió una postura contestataria a los gobiernos autoritarios. Y como no había ni hay de otra… gran parte del alumnado adoptó una postura de izquierda, ejemplificada por un vistoso retrato del “Che”  Chevara que hasta el día de hoy adorna uno de los muros que custodian el Monoblock.    

No es de extrañar entonces que cuando las marchas militares ocupaban la programación de las radios de todo el país, la universidad fuera la primera en pronunciarse contra el recién estrenado dictador. Palos, piedras, marchas, gritos… clausura del año académico hasta nuevo aviso. Esa fue la dinámica hasta que el país recuperó la democracia a principios de los 80’, después de dieciocho años de un desfile de generales perdidos en su propio laberinto.

La abstinencia de elecciones debió ser especialmente difícil para la universidad porque se volvió adicta a ellas. Urnas para elegir rector, a los decanos de cada facultad, a los directores de carrera, a los centros de estudiantes… urnas más urnas… Una abundancia de democracia que empacha y termina pudriéndose porque no se consume al tiempo debido, mezclándose con una dosis excesiva de derechos sin una pizca de deberes. Las promesas electorales son, sin duda, demasiadas y muchas van en detrimento de la educación universitaria.

Si la intención de don Ormachea Zalles con la autonomía era la de salvaguardar San Andrés de los vicios de la política mal direccionada… se sorprendería de ver al pequeño Estado dentro del Estado en que se ha convertido su universidad.

¿Y si las elecciones no resultan como uno quiere? ¿Y si el voto carretilla no ha surtido? ¿Y si la guerra sucia no fue suficiente? ¿Y si el buzo en el comité electoral no hace lo que queremos? ¿De dónde las notas? ¿De dónde las becas? ¿De dónde las posibles docencias? ¿De dónde los jugosos sueldos? ¿De dónde el dinero? ¿De dónde el futuro?

“Neta que vamos a voltear las urnas”, afirma desafiante el treinteañero del The Best.   

Palos, piedras, gritos… ahora gases lacrimógenos, videos, memes, amenazas por las redes sociales… imposibilidad de elegir decano, centro de estudiantes o cualquier otra cosa parecida.

¿Y qué es de los estudios? ¿Ya no están? ¿Y los derechos de aquellos que no participan en el reparto de las promesas electorales?

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Un reporte de 2014 del Ministerio de Transparencia sobre la lucha contra la corrupción en las universidades públicas –específicamente en la UMSA– determinó que las acciones consideradas como “corruptas” incluyen prebendalismo y clientelismo en época electoral, protección de docentes y administrativos por autoridades, instancias de decisión académica o sindicatos, asignación de cargos a institutos y centros de investigación por alineamiento político, admisión irregular de estudiantes, adjudicación de becas de estudio, titularización de puestos de docencia o de trabajo como pago por favores de índole política, entre otras prácticas vinculadas a las anteriores.  

También se estimó que el riesgo de que estas circunstancias tengan lugar en San Andrés se debe –en parte– a que el sistema de gobierno universitario autónomo limita la colaboración con las entidades gubernamentales destinadas a luchar contra la corrupción, además de fomentar –al interior de carreras y facultades– la formación de grupos de poder, que luchan políticamente por ganar y conservar sus privilegios al margen de la normativa establecida. 

Dado este contexto, el Ministerio de Transparencia concluyó que la UMSA se ha convertido en campo de batalla entre una serie de tribus formadas por docentes y estudiantes; todos escudados detrás de la autonomía de la universidad, que prácticamente han parcelado para beneficio propio.

–Queríamos formar un frente para la FUL…                                                     

–¿Y eso qué es?   

–Es la Federación Universitaria Local… el máximo organismo estudiantil de la U.

–¿Tienen presupuesto?

–Sí. Unos 50.000 Bs. al año que se acumulan si no se ejecutan cuando no hay FUL porque las elecciones no surten. 

Abro los ojos en señal de sorpresa. Es un monto respetable… creo. 

–El caso es que a este amigo lo acuchillaron una noche que salíamos de una discoteca.

–¿El chico con el que querías presentarte para la FUL?  

–Sí… y murió. Sus padres estaban muy mal. No agarraron al culpable…

–¿Y tú crees que…?

–Tal vez. Me alejé de la política de la U después de eso.

No puedo imaginar cómo es ver morir a alguien.    

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–¿Por qué estudias esa carrera? –cuestiono a “Artículos en Harvard”.  

Nos encontramos de pie junto a la entrada del Quinto Centenario. Son casi las 10 de la noche y estamos por despedirnos. El chico y la muchacha del centro de estudiantes se han retirado. Mañana tienen que madrugar para inaugurar un episodio más de la guerra sucia que se acostumbra en las carreras de la facultad donde se han matriculado.  

Mi interlocutor se encoge de hombros. Su rostro mescla disgusto y desprecio.

–Intervención familiar –dice antes de recobrar la jovialidad de hace unos minutos.

Me retiro. Tengo una tarea que entregar al día siguiente y ni siquiera he pensado cómo empezar. A medida que me alejo del Quinto y del Monoblock se me ocurre que todos necesitamos una intervención o dos de vez en cuando. Hasta los prefacultativos, las carreras, las facultades, la universidad toda e incluso el propio Estado. Quizá el prefacio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 26 de agosto de 1789 tenía toda la razón al afirmar que “la ignorancia, abandono o desacato de los derechos del hombre son la única causa de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos”.